Argentina, inmersa en su peor crisis
política, económica e institucional de la historia
reciente, busca obtener de Estados Unidos y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) una ayuda financiera de $25 mil millones para
encarar la crisis. La situación de
Argentina se deterioró rápidamente; mucha gente
protesta y ataca a los políticos en las calles, saquea
supermercados y tiendas y retira el dinero del banco para comprar
dólares estadounidenses. Evidentemente, han perdido la
confianza en sus instituciones y sus dirigentes.
Mas
ayuda internacional, sin embargo, no cambiará esta realidad.
Sólo la adopción de reformas profundas en el sistema
judicial, político y económico de la Argentina
permitirá que la gente comience a recobrar la confianza y
que el país se encamine hacia su recuperación.
Aunque la necesidad de una reforma tan
amplia no es una novedad en la Argentina, la implementación
de reformas drásticas implica un alto costo político.
Por eso, los sucesivos gobiernos, incluida la administración
actual del Presidente Eduardo Duhalde, evitaron la reforma y, en su
lugar, salieron en búsqueda de más ayuda externa para
mitigar los problemas económicos. Pero de poco han servido
los $30 mil millones que el FMI le proporcionó a Argentina
continuamente desde 1983 para evitar esta crisis y, peor
aún, han posibilitado a los dirigentes argentinos retrasar
la reforma.
Por
tal motivo, el gobierno de Estados Unidos es racio a apoyar la
entrega de más ayuda financiera para Argentina hasta tanto
sus dirigentes no comiencen a impulsar reformas vitales por
sí mismos. El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Paul
O'Neill, es una de las personas que han expresado claramente que
Argentina debe realizar mayores esfuerzos para poner fin a la
crisis.
Según los medios locales, la
administración Duhalde adoptó una nueva estrategia
para obtener ayuda internacional y de Estados Unidos. Su meta es
mover el tema de la ayuda internacional del escritorio del
Secretario del Tesoro a la agenda del Departamento de Estado de
Estados Unidos. Los funcionarios argentinos llaman a esta
estrategia desfondomonetarización de la Argentina. Es decir, el gobierno
argentino quiere transformarse en un aliado de Estados Unidos en la
lucha contra el terrorismo y busca ayuda financiera para contener
los disturbios y el vertiginoso aumento de la delincuencia en su
propio país con el fin de evitar que Argentina se convierta
en una sociedad ingobernable (situación que podría
finalmente alentar la presencia de células terroristas). Los
dirigentes argentinos creen que el Departamento de Estado de EE.UU.
respaldaría el envío de ayuda financiera a Argentina
por razones de seguridad.
La
nueva estrategia del gobierno es, políticamente,
inteligente. Revela, sin embargo, qué tan lejos el gobierno
argentino está dispuesto a llegar para evitar la reforma. Si
Argentina obtiene ayuda externa antes de diseñar un plan de
reforma creíble para su recuperación y sin
implementar algunas reformas por sí misma, dicha ayuda se
perderá en el corrupto sistema político argentino,
sin que se logre nada para el ciudadano común. La
Administración Bush debería dejar en claro que no
enviará dinero ni apoyará nuevos préstamos del
FMI para Argentina hasta tanto el gobierno de este país no
instituya reformas y proponga un plan de recuperación,
detallado paso por paso, coherente y creíble.
Igualmente importante es que la
Administración Bush aproveche esta oportunidad para impulsar
reformas en el modo en que las instituciones financieras
internacionales (IFI) otorgan prestamos, con el fin de evitar
crisis similares a la de Argentina en otros países en
vías de desarrollo. Dicha modalidad permite a los inversores
internacionales evitar los riesgos de las malas decisiones de
inversión, a los gobiernos, realizar una mala gestión
de la economía y a los funcionarios corruptos, permanecer en
el poder. Si hay algo que queda comprobado a través de la
crisis de Argentina, es que sin reformas económicas,
políticas y judiciales, la ayuda internacional sólo
sirve para prolongar el sufrimiento del pueblo en crisis.
LA SEGURIDAD DEPENDE DE LA ESTABILIDAD
ECONÓMICA
Los
problemas institucionales y económicos de Argentina se
originan en políticas ineficaces. Estas políticas
incluyen altas barreras comerciales, excesiva regulación del
mercado laboral, un enmarañado sistema impositivo, infinitos
pasos burocráticos para iniciar un negocio o realizar
tramites, restricciones financieras para que individuos y comercios
usen sus fondos, controles de precios, un sistema electoral que
hace que la gente no sepa quien la representa en el Congreso ni que
hace esa persona con el dinero público y un estado de
derecho débil.
Los
disturbios, las protestas de la clase media, las largas colas para
comprar dólares estadounidenses y los altos niveles de
delincuencia son los síntomas de los problemas del
país. Estos síntomas se pueden aliviar sólo
mediante el fortalecimiento de la economía y una mayor
independencia y transparencia del poder judicial, que es la
única manera de garantizar la implementación de las
reformas y la encarcelación de dirigentes políticos
corruptos. Además, el gobierno debería poner fin al
"pacto de coparticipación", mecanismo mediante el cual el
gobierno federal subvenciona los gastos del gobierno provincial, y
eliminar las rígidas leyes laborales.
Hacer todo esto requiere de un compromiso
político para la reforma, no de más dinero del FMI.
Sin embargo, los dirigentes argentinos eligieron politizar la
crisis, haciendo que los síntomas (por ejemplo, disturbios y
saqueos) parezcan ser el problema, el cual sostienen que
sólo puede combatirse con ayuda internacional.

Sin lugar a dudas, la crisis de Argentina puede
empeorar y muchos predicen que así será. El país ha
experimentado una prolongada recesión, durante la cual la
tasa de crecimiento del PBI disminuyó, mientras se
acumuló una deuda externa de $150 mil millones. Pero la
ayuda internacional no puede solucionar los problemas
económicos subyacentes. Es obvio que el paquete de
crédito del FMI y otras instituciones de $20 mil millones
aprobado en enero del año 2001 no tuvo casi efecto y existen
al menos dos motivos convincentes para creer que el envío de
más ayuda financiera a Argentina, antes de que el gobierno
de Duhalde instituya las reformas económicas y
políticas necesarias, no cambiará la situación
actual:
- El dinero del
FMI nunca ayudó a Argentina. Desde1983, los
sucesivos gobiernos argentinos no lograron cumplir con las
condiciones impuestas con cada préstamo del FMI. Además, los $30 mil
millones que el FMI otorgó en préstamos a Argentina
durante los últimos 18 años no fomentaron el
crecimiento económico ni la estabilidad. Por el contrario,
los paquetes de créditos surtieron el perverso efecto de
incentivar pésimas decisiones de inversión (al
reducir el riesgo al que se exponen los inversores por sus
elecciones) mientras que aumentaban la deuda del pueblo argentino,
disminuían el estándar de vida e incrementaban el
desempleo.
Por ejemplo, como se muestra en el
Gráfico 1, la deuda externa como porcentaje del PBI
aumentó de un 44 por ciento en 1997 a un 55 por ciento en
2001. Durante ese mismo período, el país dejaba de
crecer rápidamente, con una tasa de crecimiento del PBI que
decayó de manera continua de un 8 por ciento en 1997 a un -4
por ciento en 2001, la pobreza aumentó de un 13 por ciento a
un 40 por ciento y el desempleo se incrementó de un 13 por
ciento en 1998 a un 18 por ciento en 2001.
Más prestamos serán igualmente ineficaces, ya que lo
que Argentina necesita para reactivar su economía es una
reforma estructural integral.
- Los cambios en
Argentina suceden solo después de una crisis. Hace
más de 10 años, cuando Argentina tenía el
problema de la hiperinflación, el Presidente Carlos Menem
impulsó diversas reformas de libre mercado con el fin de
reducir la inflación y modernizar la economía
Argentina. El pueblo argentino recibió como recompensa
bienes y servicios de mejor calidad y mas baratos, una mayor
productividad, una moneda estable y crecimiento económico.
Sin embargo, ni el gobierno de Menem ni el de su sucesor, Fernando
de la Rúa, tomaron medidas para desregularizar el mercado
laboral, simplificar las regulaciones, mejorar la independencia del
poder judicial o disminuir las barreras comerciales. Sin estas
reformas vitales, las inversiones desaparecieron, el desempleo
aumentó y, finalmente, se produjo la crisis más
reciente.
Durante los últimos tres meses, a
partir de la imposibilidad de los argentinos de acceder al dinero
que poseían en el sistema bancario, familias de todas las
clases económicas han salido a las calles a expresar a viva
voz sus deseos de cambio. Esta clase de presión, proveniente
de la gente y no del FMI, es la única cosa a la que
más le temen los dirigentes argentinos y, por lo tanto,
representa el único incentivo para reformar. La
recepción de nuevos fondos procedentes de Estados Unidos
antes de que se implemente alguna reforma eliminará esos
incentivos y, en consecuencia, las perspectivas de
recuperación.
CÓMO PUEDE ESTADOS UNIDOS FOMENTAR
LA REFORMA EN ARGENTINA
La
Administración Bush hace bien en insistir que, antes de
ofrecerle financiación adicional, el gobierno argentino debe
trabajar conjuntamente con el Congreso nacional y los gobernadores
provinciales en la implementación de las políticas
necesarias para atraer inversiones extranjeras y fomentar la
creación de puestos de trabajo. Un aumento del empleo
permitirá que los argentinos recuperen parte de la confianza
perdida en la dirigencia, alentará a la gente para que
consuma más y promoverá el crecimiento
económico, reduciendo al mismo tiempo la frustración
y la desesperación que lleva a muchos ciudadanos a salir a
las calles y saquear tiendas para obtener alimentos, ropa,
electrodomésticos y muchas otras mercaderías. No se
necesita dinero del exterior para implementar ninguna de estas
reformas: se necesita voluntad política.
Aunque la solución de la crisis
Argentina depende fundamentalmente de acciones domésticas,
Estados Unidos puede crear incentivos que alienten al gobierno de
Duhalde a adoptar las reformas necesarias para superar la crisis
actual. Con ese objetivo, la Administración Bush
debería:
- Interrumpir todo crédito a
Argentina hasta que las autoridades argentinas propongan un plan de
reforma creíble. Argentina necesita un plan para
reconstruir su economía. Dicho plan de reforma debe incluir
pasos para llegar a :
- Reformar el pacto de
coparticipación con las provincias y convertirlo en un
sistema de gobierno descentralizado en el que cada provincia
recaude sus propios impuestos con el fin de afrontar su propio
gasto público;
- Reducir el sector público;
- Simplificar el enmarañado sistema
impositivo;
- Reducir la burocracia;
- Disminuir las barreras al comercio;
- Eliminar los controles de precios y las
restricciones financieras para que la gente y comerciantes accedan
a sus fondos;
- Implementar reformas políticas para
poder controlar mejor como manejan los fondos públicos los
funcionarios electos; y
- Fortalecer el poder judicial con el fin de
hacer cumplir la ley y castigar a los funcionarios corruptos.
Solo cuando
Argentina disponga de una estrategia creíble para alcanzar
estos objetivos, el gobierno de Estados Unidos debería
apoyar el envío de ayuda financiera para ese país,
solo en aquellas áreas del plan en las que los fondos puedan
ayudar a la implementación.
- Avanzar la
reforma del mecanismo de otorgamiento de préstamos que
utilizan las instituciones financieras internacionales
(IFI). Las crisis financieras han aumentado durante la
última década en países de todo el mundo,
aún cuando el FMI y el Banco Mundial han destinado cada vez
más recursos a dichos países. Las bases para la
reforma del otorgamiento de préstamos de las IFI, con el fin
de mejorar su historial, se pueden encontrar en el informe de la
Comisión de Asesoramiento para las Instituciones Financieras
Internacionales, presidida por Allan H. Meltzer de la Universidad
Carnegie Mellon.
- Con respecto al FMI, el informe avoca el
establecimiento de un sistema de concesión de
préstamos basado en condiciones previas que los
países deben reunir antes de obtener el crédito.
- Con respecto al Banco Mundial, el informe
defiende un sistema de donaciones basadas en el desempeño,
que se otorgarían directamente a contratistas del sector
privado en función del trabajo realizado, pasando por alto
al gobierno y evitando, de ese modo, fuentes potenciales de
corrupción.
En general, las
crisis económicas y la dependencia de créditos
externos disminuirán si se desarrolla un entorno que
promueva las ventajas y los beneficios de un mercado abierto.
CONCLUSIÓN
El
gobierno argentino quiere nueva ayuda internacional para evitar la
implementación de reformas de un alto costo político.
Con el fin de lograr ese objetivo, ha diseñado una
estrategia para obtener ayuda financiera de Estados Unidos y el FMI
por razones de seguridad. Pero el envío de ayuda financiera
o el apoyo al otorgamiento de créditos de parte del FMI a
Argentina sin exigir un plan creíble y el compromiso de
implementar las reformas políticas y económicas
necesarias sólo servirá para prolongar la crisis.
Para
ayudar a la recuperación de Argentina, la
Administración Bush debe suspender el envío de fondos
a Argentina y no apoyar el envío de fondos adicionales del
FMI hasta tanto el gobierno argentino no presente un plan de
reforma económica creíble. Además, la
Administración Bush debería impulsar la reforma de
las instituciones financieras internacionales con el fin de
minimizar la posibilidad de que se generen crisis recurrentes. Un
enfoque así fomentaría, en Argentina y en cualquier
otro lugar, un ámbito que promueve la estabilidad
económica a largo plazo, un mercado eficiente y la
prosperidad.
Ana
I. Eiras es Analista de Política Económica
para Latinoamérica en el Centro de Comercio Internacional y
Economía de The Heritage Foundation.